En este escenario, el aumento de la complejidad de las prácticas delictivas, junto con las demandas por una mayor eficiencia del sistema penal, entendido desde una perspectiva puramente temporal, plantea desafíos nuevos e importantes para la abogacía en materia penal. Más allá del conocimiento técnico, la ética y la dinámica se convierten en elementos fundamentales para el ejercicio de una defensa penal efectiva, así como la acción estratégica orientada a las negociaciones que guían la realidad de la justicia consensual en esta materia.

En vista de esta realidad, el proyecto de la RED está diseñado para fomentar la integración y el intercambio de experiencias entre estudios jurídicos dedicados específicamente a materias penales; propiciar la cooperación entre las oficinas asociadas, en asistencia recíproca en diligencias y trámites, para de esa forma atender a los clientes de manera más rápida y eficaz; conectar a las oficinas asociadas para permitir la derivación de clientes en caso de conflictos de intereses o eventual imposibilidad de representación; reforzar la defensa respetando las prerrogativas de la abogacía y sus principios, derechos y garantías fundamentales que estructuran el Estado democrático de derecho y social, afirmado por las Cartas Fundamentales de cada país y los Tratados internacionales de protección de los derechos humanos; y permitir la reflexión y el diálogo sobre temas de interés común para la abogacía y cuestiones inherentes al actual escenario jurídico-social, tales como prerrogativas de defensa penal, compliance, criminalización de la abogacía, estándares mínimos éticos y de calidad en la defensa penal, y límites al desempeño del abogado en la colaboración premiada, el acuerdo de indulgencia y las demás formas de cooperación en materias penales; así como el fortalecimiento de los lazos, diálogo efectivo y el intercambio de experiencias entre todos los miembros de la RED.